Las comunidades inmigrantes y sus defensores están celebrando un cambio drástico en la Casa Blanca y un nuevo plan para resolver la situación legal de los 11 millones de inmigrantes indocumentados de la nación.

Después de cuatro años de represión de la inmigración de línea dura del presidente Donald Trump, la legalización de millones de personas que viven en las sombras de la sociedad estadounidense está recibiendo una nueva consideración gracias al nuevo presidente Joe Biden, quien envió una propuesta al Congreso el primer día y inmediatamente levantó la amenaza de deportaciones masivas.
El presidente Biden llevó a cabo una revisión de las leyes de inmigración del país el día en que se inauguró, incluyendo un camino de ocho años hacia la ciudadanía para los inmigrantes sin estatus legal y una ampliación de las admisiones de refugiados, junto con un plan de aplicación que despliega tecnología para patrullar la frontera.
“Me siento aliviada”, dijo Rosibel Flores Arbaiza, ciudadana estadounidense naturalizada y líder de la gran comunidad inmigrante salvadoreña en la capital del país en una entrevista con ABC News. “Ahora mismo estamos al tanto… porque no sabemos lo que va a pasar, pero nuestra esperanza está en la nueva administración, porque eso es lo que estamos buscando — el cambio”.
Muchos inmigrantes junto con Arbaiza sienten lo mismo y tienen grandes esperanzas de que sus estates migratorios puedan cambiar y ya no tengan miedo de salir al supermercado y ser cuestionados por la policía.
La pieza central del plan de Biden y la Vicepresidenta Harris es la vía de ocho años, que colocaría a millones de inmigrantes calificados en un estado temporal durante cinco años y les concedería una tarjeta verde una vez que cumplieran ciertos requisitos, como un control de antecedentes y el pago de impuestos. Podrían solicitar la ciudadanía tres años después.

Algunos inmigrantes serían acelerados bajo la propuesta de Biden, incluyendo cientos de miles de trabajadores agrícolas, beneficiarios del estatus de protección temporal, o TPS, y los llamados Dreamers, jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños.
Hay más de un millón de Dreamers en los Estados Unidos con más de 600,000 inscritos en DACA, el programa creado por el presidente Barack Obama para proteger temporalmente a los inmigrantes de la deportación y proporcionarles permisos de trabajo a corto plazo.
Hace diez años, el gran impulso de Obama a favor de la reforma migratoria y el camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados no se aprobaron en el Congreso. Muchos lo criticaron por no luchar lo suficientemente duro y dejar el cargo sin un acuerdo.
La mayoría de los economistas están de acuerdo en que la deportación masiva sería un golpe para la economía, pero el impacto total de la legalización masiva es menos claro. Muchos inmigrantes que trabajan en Estados Unidos están haciendo trabajos que otros estadounidenses no harán. Miles son trabajadores esenciales; muchos están en primera línea luchando contra el COVID-19.
Mientras tanto, millones de familias inmigrantes como la de Arbaiza están observando a Biden desde lejos, con la esperanza de que mantenga sus promesas de campaña de reforma migratoria.